El Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y así dio otro paso en el proceso de privatización iniciado este año.
El mismo incluye la disposición que autoriza a la empresa a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. Además reestructuró gran parte de la normativa y dispuso nuevos artículos.
Cabe recordar que para los usuarios residenciales hasta ahora regía una prohibición de corte del servicio. La empresa estaba habilitada a restringirlo reduciendo el caudal de agua, pero no podía interrumpirlo por completo. Ahora, tras 60 días de mora en el pago de la factura, la compañía podrá proceder al corte total.
En tanto que para los usuarios no residenciales regía un plazo de 60 días hasta efectuar el corte. El mismo ahora se acorta a 15 días. No obstante, no se podrán efectuar interrupciones suministro en hospitales, sanatorios y cárceles, sean estos públicos o privados.
El DNU establece que la nueva concesionaria podrá realizar revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias. Las subas ordinarias serán automáticas y en períodos no mayores a tres meses. En tanto que los incrementos extraordinarios deberán ser requeridos por la empresa ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento.
Decreto
Tal como informa la agencia DIB, la decisión fue oficializada mediante el Decreto 86478, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y lleva la firma, entre otros, del presidente Javier Milei. El texto aprobado corresponde al Anexo 2 "Marco Regulatorio" de la Ley N° 26.221, norma que establece las condiciones para la prestación del servicio público de agua potable y desagües.
El texto recuerda que la Ley Bases declaró a la empresa "sujeta a privatización", y que este proceso "deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión".
Además, repasa que el proceso de traspaso se inició en agosto de este año y que, en dicho marco, "resulta necesario dar certeza jurídica del contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad, se considera indispensable avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura". El procedimiento buscará transferir al sector privado el 90% del paquete accionario que posee, dentro de los próximos ocho meses.
Según los considerandos, el Ministerio de Economía detectó errores materiales en la redacción vigente del marco regulatorio, particularmente en el artículo 20 del Anexo E, que define el cálculo del cargo por construcción. La modificación aprobada restituye el criterio técnico anterior al Decreto 493/2025, corrigiendo una inversión involuntaria de los términos "medido" y "no medido" que alteraba la determinación del monto a facturar.
El decreto subraya que la corrección resulta necesaria para garantizar certeza jurídica durante el proceso de privatización de AySA, declarado por la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilitó la venta de diversas empresas públicas. (DIB)
