El Gobierno nacional apeló el del juez federal de Campana Adrián González Charvay quien, a pedido de una familia pilarense, declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.
La apelación estuvo a cargo del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, que argumenta que la medida "causa agravio al Estado Nacional".
El juez concedió la apelación, pero "con efecto devolutivo", lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.
El fallo
En su fallo del 12 de diciembre pasado, González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025, que suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de falta de partidas presupuestarias asignadas a ese financiamiento.
El juez ordenó su "inmediata aplicación", advirtió por una violación del sistema republicano. El conflicto se desató cuando el Ejecutivo, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la norma pero suspendió su aplicación invocando la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que cualquier legislación que autorice gastos debe prever su financiamiento.
Ratificada
La Cámara de Diputados, por su parte, sostuvo la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad al rechazar su derogación, incluida a último momento por el Gobierno en el Capítulo XI del presupuesto 2026.
La votación se resolvió por 117 votos a favor, 123 en contra y dos abstenciones, tras una estrategia fallida del oficialismo de forzar una votación por capítulos para blindar el artículo 75. Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían anticipado su rechazo, entre ellos Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, pese a haber recibido importantes sumas en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Más sorpresivo fue el cambio de postura de Rolando Figueroa, Gustavo Valdés y Leandro Zdero, este último aliado electoral de La Libertad Avanza.
También generó ruido interno la abstención del diputado entrerriano Darío Schneider y las dificultades de la UCR para retener a su propio bloque, lo que desató críticas a su conducción.
En paralelo, quedó sin efecto un paquete de modificaciones incorporadas en el Capítulo XI, entre ellas la restricción al régimen de zona fría, cambios en la actualización de asignaciones sociales y el cumplimiento de fallos de la Corte Suprema por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Celebración opositora
La oposición celebró la caída del capítulo más polémico y denunció una maniobra de "extorsión". "Quienes votaran a favor del artículo 75 estarían violando la ley de administración financiera", acusó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, habló de una "perversidad" para condicionar al Congreso y a la Justicia. Desde el oficialismo, Silvana Giudici rechazó las acusaciones y pidió "dejar de hacer terrorismo".
En el cierre de una jornada cargada, la Cámara de Diputados también aprobó la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación, con una amplia mayoría. Pero el dato político central quedó claro: el Presupuesto 2026 avanzó, aunque con un texto que el propio Gobierno pone en duda.
Afectados La causa fue impulsada por los pilarenses O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos Y.N. y N., dos hermanos de 11 años de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad. Rápidamente sumó la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país.
(pilaradiario)
