El represor Luis Abelardo Patti, condenado cuatro veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, solicitó ante la justicia contar con salidas transitorias para regresar a su pueblo natal donde pretende volver a su oficio de panadero.
Como informa el sitio Letra P, el pedido fue presentado por su defensa ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, que en 2018 juzgó y condenó al excomisario, de 74 años, a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos cuando integraba la estructura represiva de la Policía bonaerense.
Desde el 2017, Patti cumple sus sentencias bajo la modalidad de arresto domiciliario en el barrio privado Septiembre, en Escobar. En 2010 había sufrido un ACV, motivo por el cual solicitó dejar el penal de Ezeiza para instalarse en su domicilio junto a su mujer, la escribana Elizabeth Ferraro Mansur, y la menor de sus cuatro hijos.
Mediante la solicitud elevada recientemente por su abogada, la letrada María Laura Olea, el represor busca ser beneficiado con salidas semanales y quincenales para poder concurrir a una panadería en Baigorrita, su pueblo natal, ubicado en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de una localidad de apenas 1900 habitantes, perteneciente al partido de General Viamonte, donde Patti nació y ejerció el oficio de panadero durante 30 años.
Entre los argumentos de la defensa para que le sea otorgado este beneficio es que la labor lo ayudaría con sus problemas de salud y le permitiría volver a socializar en un ambiente laboral.
Por otra parte, la letrada patrocinante de Patti sumó otro posible escenario para que el condenado goce de las salidas transitorias. Se trata de una chacra en Olivera, partido de Luján, propiedad de su suegro. En este caso, la defensa argumentó que las visitas servirían para fortalecer los vínculos familiares y contribuir a la rehabilitación de una discapacidad visual que padece.
Durante la dictadura, Patti se desempeñó en la Comisaría de Escobar y en la Brigada de Tigre de la Policía Bonaerense, a cargo de grupos operativos vinculados al circuito represivo de Campo de Mayo. En democracia, perteneció a numerosas dependencias policiales -entre ellas, la Comisaría Pilar 1ra. de Pilar, en la década de 1990- y, tras su retiro de la fuerza, se volcó a la política, con un discurso basado en la "mano dura" y la represión.
Fue intendente de Escobar entre 1995 y 2003 y y candidato a gobernador de Buenos Aires en tres oportunidades. Luego fue electo diputado nacional en 2005, pero su asunción fue impugnada por la gran mayoría de la Cámara por las denuncias sobre su accionar durante la dictadura. En 2008, la justicia federal pidió su desafuero y luego quedó detenido por crímenes de lesa humanidad. Desde ese momento fue condenado en cuatro juicios por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y en todos recibió la pena de prisión perpetua.
Audiencia
El día de hoy tendrá lugar la audiencia pública en la que las partes querellantes en las causas contra Patti podrán aportar su parecer frente a la solicitud. "Nos vamos a oponer porque todavía tiene causas pendientes. La Justicia debe investigarlo y juzgarlo por crímenes sucedidos en el circuito represivo de Campo de Mayo sucedidos en 1876 y 1977", adelantó a Letra P el abogado querellante Pablo Llonto. Además, apelarán a la Ley de Víctimas para oponerse. "Este tipo de crímenes debe tener una observación especial por parte de los jueces, fueron crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, son delitos gravísimos y alguno de ellos, como las desapariciones forzadas, se siguen cometiendo", concluyó el abogado.
Cabe recordar que Patti lleva más de 18 años detenido. La prisión perpetua que recibió en 2018 por el secuestro y homicidio de Ricardo Giménez es una de las cuatro que recayó sobre el represor y exintendente de Escobar desde que se reanudó el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
La más reciente
En octubre de 2023 tuvo lugar la condena más reciente, cuando el TOF 2 de San Martín lo declaró culpable del homicidio del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto y del intento de homicidio de Juan José Fernández, ambos cometidos durante la última dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante.
Si bien Patti había sido condenado en 2011 por el secuestro y los tormentos que sufrieron ambas víctimas, por entonces fue sobreseído por el delito de homicidio durante la instrucción de esa causa. Tras un largo proceso judicial, se revirtió esa decisión en la Corte Suprema de Justicia.
Más de 10 años después de ese primer debate, Patti fue condenado como partícipe necesario del asesinato del ex diputado y del homicidio en grado de tentativa de su asistente. Durante el juicio, quedó probado que el entonces suboficial inspector de la Policía Bonaerense fue el primer eslabón de la maquinaria represiva y que, sabiendo lo que iba a ocurrir con esas personas, aportó los medios necesarios para garantizar el destino final de las víctimas.
El tribunal, integrado por Walter Venditti, Matías Alejandro Mancini y Esteban Rodríguez Eggers, declaró que lo hechos juzgados constituyeron crímenes de lesa humanidad y postergaron el tratamiento de los pedidos de revocar la prisión domiciliaria realizados por las partes acusadoras para el momento en el que la sentencia quede firme.
Muñiz Barreto y Fernández fueron secuestrados por Patti el 16 de febrero de 1977 en Escobar. Fueron llevados a la comisaría local y más tarde al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo. Tras dos semanas de cautiverio, el 6 de marzo fueron llevados hasta la provincia de Entre Ríos y arrojados dentro de un auto a un río con la intención de fraguar un accidente. Allí murió Muñiz Barreto pero Fernández logró escapar y logró dejar un testimonio que fue imprescindible para reconstruir los hechos que se juzgaron.
(pilaradiario)