Por la deuda laboral, Granja Tres Arroyos insiste en pedir concurso
La empresa avícola reiteró el pedido a la Justicia. Debe 62.448 millones de pesos en concepto de cargas sociales, remuneraciones e indemnizaciones.
La empresa avícola reiteró el pedido a la Justicia. Debe 62.448 millones de pesos en concepto de cargas sociales, remuneraciones e indemnizaciones.
Acreedores se presentaron en la justicia pidiendo la liquidación de la compañía. Tiene una deuda estimada en 350 millones de dólares y más de 3.500 cheques rechazados.
Lo anunció este lunes a los trabajadores. Los telegramas llegarán esta semana, antes de que se retome la actividad. Ya se acumula una deuda salarial de casi tres meses.
Decidió bajarle la tasa de interés al 50% y le otorgó 60 meses para cancelar el compromiso. El hombre de 78 años mantiene una deuda con la entidad, que el mes pasado le retuvo la totalidad de su jubilación.
Se trata del Banco Patagonia y el hombre asegura que a partir de lo ocurrido se encuentra en una "situación de total desprotección y extrema vulnerabilidad". Reclama la devolución del dinero.
La propuesta del gobierno bonaerense es en respuesta a la crisis que atraviesan miles de PyMES en todo el territorio y se ejecuta a través del Banco Provincia.
Toman créditos con las propias empresas para las que trabajan. En promedio adeudan cerca de un millón de pesos, con tasas anuales que pueden llegar al 700%. Piden regulación.
Desde la entidad solicitaron al Banco Central que implemente tasas diferenciales, ante el número cada vez más creciente de familias que recurren a las tarjetas de crédito para adquirir alimentos y productos de primera necesidad.
Le envió un video amenazante a un hombre con el que hasta hace un tiempo tocaba en una banda de cumbia. Hallaron un arma, más de 130 municiones, cocaína y marihuana.
Los trabajadores cumplen el segundo día de paro dentro de la empresa. Denuncian deudas de hasta un millón de pesos, pero la firma solo ofreció 50 mil a cuenta.
El conflicto comenzó en 2024 con un medidor dañado. La deuda se fue acumulando y la empresa estatal los intimaba a pagar. Intervino la Defensoría del Pueblo.